miércoles, 13 de julio de 2016


El legislador no se equivocó

Aún con los nuevos resultados electorales, que han aupado al PP, la cosa no está nada clara, y nadie descarta que pudiésemos ir a unas nuevas y terceras elecciones. Pero claro, unas terceras elecciones tampoco garantizarían nada, podríamos tirarnos años repitiendo con un gobierno en funciones.

Solo con que algunos, ya sea por tácticas de partido, o personales, continúen con el bloqueo, y habida cuenta que los nacionalistas y otros están con lo del referéndum independentista y por consiguiente son intratables, la cosa puede prolongarse eternamente.
 
Repiten los analistas y tertulianos, que la actual situación política no fue prevista por el legislador constitucional. Poco valoran pues a nuestros constituyentes, que elaboraron el texto base de nuestra democracia, precisamente en unos momentos en los que el bipartidismo no era previsible, pues había tantos partidos, que los medios se referían a sus siglas, como la "sopa de letras".

Está claro que en aquellos momentos el multipartidismo era lo previsible, y por lo tanto, a no ser que los legisladores se chupasen el dedo, que no se lo chupaban, la situación en que nos encontramos ahora era bien previsible.

Lo que pasa, es que el bipartidismo se consolidó ayudado por la LOREG y la regla d’Hont y especialmente por la disciplina de voto, de dudosa constitucionalidad, al estar el mandato imperativo expresamente prohibido en el artículo 67.2 de la CE.

Como todo el mundo sabe, con el mandato imperativo de los partidos a sus parlamentarios, de votar lo que les digan, no es la cámara, - la cual se supone representa al pueblo- quien decide, sino las personas que controlan los partidos.

De nada sirve tanto debate de investidura, tanto discurso y tanta réplica, si todo lo que se dice no sirve para nada, puesto que nadie va a convencer a nadie, el voto se ha decidido de antemano, y ya está, ya me puedes contar, que todo lo que digas solo sirve para el telediario, quien manda, manda.

Dicen algunos del PSOE, la ejecutiva, que no pueden consentir que quién obtuvo mayor número de votos, el PP, forme gobierno, porque si apoyasen esto, su electorado no lo comprendería.

Si se trata de eso, la solución es bien sencilla: den ustedes libertad de voto para la investidura a sus parlamentarios, y que cada uno vote en conciencia, ¿acaso no son ellos quienes representan a los electores?, ¿Cómo no lo iba a comprender el electorado, si se trata del voto de sus representantes, de su propio voto?. Serían ellos quienes a la postre decidirían.

No caerá  esa breva, porque que lo entienda, o no, el electorado es lo que menos les importa, aquí lo que se defiende es la situación personal de cada uno: el ser presidente, o no ser nada. España, el electorado, el partido, todo eso, es secundario, por ese orden.

No es broma

viernes, 8 de julio de 2016

DEBER NO ES LO MISMO QUE DEFRAUDAR  

Recientemente ha sido publicado por la Agencia Tributaria, y reproducido en la prensa, un documento en el que se relacionan todos los que deben mas de un millón a Hacienda, ya sea por impuestos o por sanciones.

En la lista publicada en virtud del artículo 95 bis de la Ley General Tributaria, incongruente artículo, que contradice a su predecesor artículo 95 sin bis, de la misma ley, que precisamente dice que los datos de Hacienda son reservados.

Este artículo, introducido por el Gobierno Rajoy tres meses antes de las elecciones, es una cesión a la demagogia, e intenta demostrar la voluntad del gobierno de luchar contra el fraude y la corrupción.

Pues bien, a mi modo de ver esta lista es una canallada impropia de un país democrático, por una sencilla razón, y es que mezcla deudores con defraudadores, están ahí tanto los que defraudan como los que no pueden pagar, y por supuesto las cantidades están hinchadas con el 20% del recargo que se produce por no pagar a tiempo, además se incluyen las sanciones, muchas de las cuales están recurridas ante la jurisdicción, y por lo tanto no son firmes.

No estaría mal esta lista, si se tratase de una lista de defraudadores, que es en realidad lo que se quiere hacer ver, y lo que quieren piense la gente: que quienes están en esta lista son vulgares defraudadores.

En cualquier caso, si alguna de estas empresas de la lista ha defraudado, la cantidad superior a un millón lo convierte en delito,  en vez de publicar su nombre, lo que debiera hacerse es entregar su expediente al fiscal, para que se les procese penalmente, pero claro para hacer eso habría que poder demostrar la intencionalidad de defraudar, que hubiese dolo o culpa.

Pues bien para muchas de las empresas que ahí están, que simplemente padecen una enfermedad económica, causada incluso por la propia política fiscal del gobierno, tal vez signifique la muerte definitiva, pues estos datos les cierran el acceso al crédito e incluso a contratos con otras empresas.

No es así como se lucha contra el paro y la recesión. Si no se pueden pagar los impuestos, sin renunciar al cobro, hay que dejar por lo menos que las empresas intenten recuperarse, porque si se provoca su caida, seguro que Hacienda no va a cobrar.

Se me ocurre también, que el artículo 24 de la CE predica la presunción de inocencia, y este artículo 95 bis que el Gobierno introdujo para presentar, sin decirlo, como defraudador, a quien es simplemente un deudor, a sabiendas de que así lo va a entender la sociedad, es pura y simplemente prevaricación, pues aunque técnicamente no sea condenable, el legislador, o mejor dicho los autores del proyecto de ley son completamente conscientes de su injusticia.

Por cierto, desde Septiembre pasado, el Gobierno, no ha tramitado ningun proyecto de ley, desde el 20 de Diciembre, por estar en funciones y la economía no hace mas que crecer y el paro no deja de bajar.

Casi podríamos decir que estamos mejor así, con un gobierno en funciones, que no puede legislar

No es broma