DEBER NO ES LO MISMO QUE DEFRAUDAR
Recientemente ha sido publicado por la Agencia Tributaria, y reproducido en la prensa, un documento en el que se relacionan todos los que deben mas de un millón a Hacienda, ya sea por impuestos o por sanciones.
En la lista publicada en virtud del artículo 95 bis de la Ley General Tributaria, incongruente artículo, que contradice a su predecesor artículo 95 sin bis, de la misma ley, que precisamente dice que los datos de Hacienda son reservados.
Este artículo, introducido por el Gobierno Rajoy tres meses antes de las elecciones, es una cesión a la demagogia, e intenta demostrar la voluntad del gobierno de luchar contra el fraude y la corrupción.
Pues bien, a mi modo de ver esta lista es una canallada impropia de un país democrático, por una sencilla razón, y es que mezcla deudores con defraudadores, están ahí tanto los que defraudan como los que no pueden pagar, y por supuesto las cantidades están hinchadas con el 20% del recargo que se produce por no pagar a tiempo, además se incluyen las sanciones, muchas de las cuales están recurridas ante la jurisdicción, y por lo tanto no son firmes.
No estaría mal esta lista, si se tratase de una lista de defraudadores, que es en realidad lo que se quiere hacer ver, y lo que quieren piense la gente: que quienes están en esta lista son vulgares defraudadores.
En cualquier caso, si alguna de estas empresas de la lista ha defraudado, la cantidad superior a un millón lo convierte en delito, en vez de publicar su nombre, lo que debiera hacerse es entregar su expediente al fiscal, para que se les procese penalmente, pero claro para hacer eso habría que poder demostrar la intencionalidad de defraudar, que hubiese dolo o culpa.
Pues bien para muchas de las empresas que ahí están, que simplemente padecen una enfermedad económica, causada incluso por la propia política fiscal del gobierno, tal vez signifique la muerte definitiva, pues estos datos les cierran el acceso al crédito e incluso a contratos con otras empresas.
No es así como se lucha contra el paro y la recesión. Si no se pueden pagar los impuestos, sin renunciar al cobro, hay que dejar por lo menos que las empresas intenten recuperarse, porque si se provoca su caida, seguro que Hacienda no va a cobrar.
Se me ocurre también, que el artículo 24 de la CE predica la presunción de inocencia, y este artículo 95 bis que el Gobierno introdujo para presentar, sin decirlo, como defraudador, a quien es simplemente un deudor, a sabiendas de que así lo va a entender la sociedad, es pura y simplemente prevaricación, pues aunque técnicamente no sea condenable, el legislador, o mejor dicho los autores del proyecto de ley son completamente conscientes de su injusticia.
Por cierto, desde Septiembre pasado, el Gobierno, no ha tramitado ningun proyecto de ley, desde el 20 de Diciembre, por estar en funciones y la economía no hace mas que crecer y el paro no deja de bajar.
Casi podríamos decir que estamos mejor así, con un gobierno en funciones, que no puede legislar
No es broma
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