NO ES BROMA

¿SOMOS TODOS IGUALES ANTE LA LEY?

La princesa Cristina, ha sido imputada por el Juez Castro, y pese a que ello supone un descrédito para la familia Real, muy perjudicial para la imagen de España, ya que pone en entredicho la imagen del Rey cuya principal función, a mi modo de ver, es la de representarla internacionalmente, no es menos cierto, que fortalece la idea de que España es un Estado de Derecho, en el cual todos son iguales ante la Ley.

Claro que esto ya está a la vista, puesto que de la misma forma que va a estar ahora la princesa Cristina, un importante número de políticos se encuentran imputados, con evidentes síntomas de corrupción. Así que algunos de los grupos políticos que se regocijan con la imputación, como es el caso de IU, son los mismos que permiten con su apoyo que en Andalucía, gobiernen quienes deberían estar imputados al apreciarse evidentes indicios de culpabilidad.

Así pues, la situación de Doña Cristina, siendo  obligado recordar que la imputación no implica una condena, y que ni siquiera existe una acusación formal contra ella, abre el debate sobre la protección de ciertas personas ante la justicia, pues si la hija del Rey, puede ser imputada con la frágil base probatoria que el sumario contiene, sobre posibles actos delictivos de la Infanta, que a menos que surjan nuevos elementos, difícilmente se sentará en el banquillo, existen en España un grupo de personas con el privilegio de ser juzgados por sus pares, antes de poder ser imputados por la justicia ordinaria, son los siguientes:

Presidente del Gobierno, Ministros, Presidentes del Congreso y del Senado, Diputados y Senadores.
Presidentes autonómicos, Consejeros, Presidentes de los Parlamentos autonómicos y diputados parlamentarios.
Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Presidente del Tribunal Supremo, Presidente del Tribunal Constitucional, Vocales del Consejo General del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Presidente de la Audiencia Nacional, Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, Magistrados de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General del Estado y Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, y también todos los Jueces, Magistrados y Fiscales.
Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado, Defensor del Pueblo y Defensores de las Comunidades Autónomas.

Así pues, las manifestaciones de Rubalcaba de que en España la justicia es igual para todos, son inciertas, pues existen casi dos mil personas en nuestro país, que no son iguales, a los demás, ante la Ley. Pueden asaltar supermercados, conducir ebrios, y cometer fechorías de todo tipo, sin que sea posible detenerles o retenerles y mucho menos procesarles sin la autorización de sus colegas.

Aunque a principios del siglo XIX los representantes populares debían ser protegidos contra arrestos de tipo político, al día de hoy, el aforamiento no es más que un privilegio para algunos, sin justificación alguna.

Una vez que ya hemos lanzado el slogan de que la justicia es igual para todos, que así sea.

Aunque no lo veremos nosotros.

No es broma