NO ES BROMA

EL AYUNTAMIENTO DE VIC

El padrón municipal es el registro administrativo donde figuran todos los vecinos que viven o residen habitualmente en ese municipio. Sus datos son una prueba de la residencia en el mismo. Según la ley, toda persona que viva en España tiene la obligación de empadronarse en el municipio donde resida.

Para los extranjeros que han entrado en España de forma irregular, una de las razones más importantes para realizar la inscripción en el Padrón municipal es que dicha inscripción además de dar acceso a las prestaciones municipales, tales como las ayudas sociales es la prueba de arraigo para conseguir los papeles ya que tras tres años de residencia ininterrumpida, pueden solicitar su regularización.

El municipio de Vic, famoso por su salchichón, cuenta en su población con un 27% de extranjeros, y ha acordado negarse empadronar a quienes estuviesen en situación ilegal en base a que, si para entrar en España se requiere que una persona tenga pasaporte y visado, el Ayuntamiento como Administración que es, debe exigir el cumplimiento de dicho requisito previo al empadronamiento.

A mi modo de ver, y dejando a un lado cuestiones humanitarias y de solidaridad, el razonamiento es impecable, que la Administración ayude al infractor de una ley para que pueda burlarla, es la mayor de las incoherencias. Si el Gobierno desea que los “sin papeles” regularicen su situación, la forma de hacerlo es modificando la presente Ley de extranjería, modificación que prosperará sin duda, dado el control partidario de los miembros del parlamento, claro que esto no les conviene puesto que con la situación actual de paro, la medida sería electoralmente catastrófica.

No se entiende la amenaza de actuación de la fiscalía contra el Ayuntamiento de Vic, por parte de la vicepresidenta del Gobierno Sra. De la Vega en base a que “la Ley es clara al respecto”, pues lo que verdaderamente está claro en la Ley, es que quien entre en España sin cumplir los requisitos, debe ser expedientado y expulsado y es además una incoherencia que la forma mas fácil acceder a la residencia sea la entrada ilegal.

A la vista de la situación de precariedad financiera de los municipios, y otras causas, no sería aventurado pronosticar que la medida tomada por el ayuntamiento de Vic fuese emulada por otros ayuntamientos, sin olvidar que el de Torrejón ya tomó dicha medida en el pasado.

El acusar de xenofobia, insolidaridad y todo lo demás, es una cortina de humo tras la que se esconde la incapacidad del Gobierno para resolver una situación, en base a razones electorales, Ya sabemos que los partidos están para acceder al poder y colocar a su clientela por encima de todo, lo de servir al Estado también, si se tercia.


No es broma